El hecho de que exista una mayor cantidad de armas de fuego aumenta la ansiedad y la depresión en la sociedad, además de que puede incrementar la posibilidad de suicidios…
Por Ximena ORTIZ CRESPO
Desde Quito
ECUADOR
A muchos nos ha estremecido la decisión del Presidente Lasso de hacer público su apoyo a la tenencia y el porte de armas de uso civil para defensa personal en el Ecuador, como medida pública para combatir la delincuencia.
Según dijo el Presidente Lasso, la medida se adopta para combatir al «enemigo común de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”. Entendemos que al proclamar la medida el mandatario está reconociendo tácitamente que las fuerzas de seguridad no alcanzan a combatir la grave inseguridad en que vivimos y necesita el apoyo de la población civil.
A pesar de que se conoce que detrás de las palabras del Presidente hay leyes que limitan la tenencia y porte de armas, gran parte de la ciudadanía y, en especial, la academia, se han pronunciado en contra de esa medida.
La Universidad Central del Ecuador se unió a decenas de comunicadores de las universidades ecuatorianas en contra del porte de armas. Esta institución califica de “imprevisibles” los riesgos que desatará esta decisión, la tacha de anticonstitucional y llama a fortalecer la acción de la policía y de los guardias de las compañías privadas, a la par de pensar en medidas positivas como atender a los problemas estructurales, especialmente a través de la educación.
La misma UCE llama también a las autoridades a reflexionar en las consecuencias de armar a la población civil y se refiere a las autodefensas en países vecinos que aumentaron la violencia.
A las mujeres nos preocupa igual la decisión del Presidente. La presencia de armas de fuego podría conducir a un aumento en la gravedad de la violencia, lo mismo que hacer más fácil que los abusadores maten a sus víctimas.
Según la investigación «Armas y violencia contra las mujeres: el problema de violencia doméstica excepcionalmente letal de Estados Unidos», realizada por la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins en 2018, cuando un arma de fuego está presente en una situación de violencia doméstica, el riesgo de homicidio para las mujeres es 500% mayor.
Existe una charla de Leslie Morgan Steiner, una poderosa y elocuente oradora estadounidense de Ted Talks, a quien vale la pena escuchar. Ella comparte su historia personal sobre cómo sobrevivió a la violencia doméstica y habla con franqueza sobre su experiencia de estar en una relación abusiva. Cuando su esposo comenzó a aislarla, éste adquirió no una sino tres armas de fuego. Ella narra los momentos de pánico que vivió cada vez que su esposo le ponía un revólver cargado en la sien y las dificultades que tuvo para conseguir huir de la situación.
Las consecuencias imprevisibles de permitir el porte de armas —como califica la Central a la medida del Presidente Lasso—, se pueden resumir en que las armas en manos de los ciudadanos civiles constituyen una amenaza a la seguridad pública.
Mientras los buenos ciudadanos buscarán ampararse en las leyes, los delincuentes obtienen armas todos los días en el mercado negro y las usan rampantemente para amenazar y cometer crímenes. Lo vemos diariamente en las escenas que captan las videocámaras.
Para poder penalizar el porte ilegal de armas los agentes del orden o la entidad a cargo del tema, tendrán que dedicar tiempo y recursos para controlar su adquisición y uso, lo que pone un peso a los encargados de la seguridad de los ciudadanos y los distrae de combatir otros delitos.
Como sabemos, a mayor violencia, mayor cantidad de agentes del orden reclutados y mayor gasto del erario público en adquirir más armas para ellos.
Las armas de fuego son peligrosas y mortales, aún en manos de personas experimentadas. No todas las personas que poseen armas están capacitadas o son competentes para utilizarlas.
El uso irresponsable de las armas pone en peligro a otras personas. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, especialmente si las armas no se manejan ni se almacenan adecuadamente.
Vienen a mi mente con horror las explosiones que ocurrieron en el depósito de armas de la Brigada Militar Galápagos en Riobamba en el 2002.
Por otro lado, existen impactos en la salud física y mental de los ciudadanos. El aumento de la violencia crea presión en los sistemas de salud. Los pacientes que han sufrido lesiones por armas de fuego a menudo requieren atención médica costosa y prolongada. El hecho de que exista una mayor cantidad de armas de fuego aumenta la ansiedad y la depresión en la sociedad, además de que puede incrementar la posibilidad de suicidios.
Como hemos visto, el porte de armas puede ser peligroso y amenazar la seguridad pública.
Hay muchas razones por las que no se debe aceptar el porte de armas, incluido el aumento de la violencia doméstica, el peso burocrático del control y las dificultades en la aplicación de la ley, los accidentes, el aumento del costo de la atención médica y el impacto en la salud mental.
Como dice el manifiesto de la UCE: “En el mundo las sociedades menos violentas son las que han alcanzado alto grado de desarrollo humano…”
El manifiesto desafía la noción de que la seguridad sólo puede lograrse a través del poder de la fuerza y concluye que sólo una mayor inversión en la salud, la educación y el empleo constituirán una estrategia real en el corto plazo para evitar la vulnerabilidad frente a presiones de la delincuencia y de la mafia.
