Los chilenos despertaron de un prolongado letargo social tras 30 años de transición, en un país tan desigual donde el 1% de la élite social adinerada se queda con el 26,5 por ciento de la riqueza total de la nación…
Por Francisco LEAL DÍAZ
Transcurridas dos semanas de intensas protestas sociales en Chile (desde el 18 de octubre de 2019), el panorama a futuro se vislumbra arduo y conflictivo. El gobierno de Sebastián Piñera —de tendencia derechista y acérrimo defensor del neoliberalismo—, no ha sabido leer con certeza las demandas estructurales de la ciudadanía.
El inicio de este espontáneo movimiento social ocurrió el pasado 18 de octubre, cuando grupos de estudiantes se lanzaron a las calles en protesta por el alza de 30 pesos a las tarifas del Metro capitalino. Ese día irrumpieron abruptamente en estratégicas estaciones del Metro y arremetieron saltando los torniquetes de entrada a este vital servicio de transporte. Las fuerzas uniformadas, sorprendidas, se vieron sobrepasadas y, en la refriega, se produjeron serios destrozos en varias estaciones.
Al día siguiente emergió una nueva protesta, más masiva aún, y no sólo de estudiantes, sino que apoyada por ciudadanos que solidarizaron con la crítica estudiantil. Las fuerzas de carabineros los reprimieron con gases lacrimógenos y carros lanza-agua, ante el estupor de los capitalinos por el áspero nivel de contención de la policía uniformada.
MANIFESTACIONES
MULTITUDINARIAS
Los ánimos se exacerbaron y en los días siguientes las manifestaciones callejeras se tornaron multitudinarias y, por ende, la represión aumentó.
Simultáneamente —como ocurre en toda rebelión social—, emergieron grupos vandálicos y saqueadores que atacaron, principalmente, supermercados y locales comerciales, muchos de ellos incendiados parcial o totalmente. Y, junto con ello, las primeras víctimas, con muertos y heridos. El panorama para la ciudadanía que protestaba por justas demandas sociales, se tornó tenso, inquietante y violento.
El gobierno de Piñera dio entonces un nuevo paso errático y pretendió apagar el fuego con gasolina: impuso el estado de emergencia y toque de queda en la Región Metropolitana y regiones estratégicas del país. Anunció, además, un cambio de gabinete que fue más bien cosmético antes que eficaz.
A estas alturas, el inesperado estallido social tenía aún desconcertado por completo al gobierno piñerista, que respondía con inusitada violencia y represión, sin distinguir a manifestantes pacíficos y a grupos protagonistas de actos vandálicos.
El viernes 25 de octubre ocurrió el fenómeno inesperado: los espontáneos manifestantes —que no obedecen a partidos políticos ni a agrupaciones sindicales, ni existen líderes visibles—, lograron reunir en las inmediaciones de la Plaza Baquedano (epicentro de toda expresión popular en Santiago), más de un millón 200 mil personas. A juicio de observadores internacionales, el cálculo fue precario, considerando que los manifestantes reunidos superaban el millón y medio de personas.
Ese mismo día, en otras ciudades del país —Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Concepción, Temuco, Punta Arenas, La Serena, Coquimbo, Antofagasta, Iquique y Arica, entre otras), se registraron igualmente masivas manifestaciones, estimándose, al menos, un total de tres millones de personas, suceso social inédito en Chile.
LOS CHILENOS SE CANSARON DE LAS DESIGUALDADES
¿Por qué estas masivas protesta en demanda de un nuevo orden social? Sencillamente, los chilenos se cansaron de tanta desigualdad, en lo laboral, económico, en rubros de la salud, educación, en oportunidades, así como en materias de previsión social y jubilación de la tercera edad, además de los deficientes sueldos y salarios y altos precios en medicamentos, productos y alimentos básicos, así como servicios esenciales de agua, luz y gas, estos últimos en manos de transnacionales extranjeras que han lucrado por décadas. A estas temáticas esenciales, se incorporó una vieja demanda de los chilenos: una Asamblea Constituyente para instaurar una nueva Constitución en reemplazo de la actual que fue impuesta en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1980), tras el sangriento derrocamiento del Presidente constitucional Salvador Allende Gossens, el 11 de septiembre de 1973.
En esa fecha aciaga comenzó el verdadero calvario social de los chilenos. Pinochet derrocó a Allende por pretender gobernar implementando una política económica socialista en favor de las clases más desprotegidas. Pinochet, a sangre y fuego y con la anuencia del entonces gobernante estadounidense Richard Nixon y su secretario general, Henry Kissinger, protagonizó la página más obscura en la historia de Chile. En 17 años de dictadura, dejó más de tres mil muertos, gobernó con inusitada represión y persiguió a políticos opositores, además de cerrar el Congreso Nacional e imponer toque de queda durante años. Fueron los años más negros en la historia de Chile, con más de dos mil detenidos-desaparecidos, cuyo paradero hasta la fecha no ha sido revelado.
Pinochet se apoyó y benefició a la oligarquía chilena, conformando una dictadura cívico-militar que favoreció siempre a la clase empresarial y sectores adinerados, particularmente banqueros y especuladores financieros. 
CON UN LÁPIZ Y UN PAPEL
En este escenario, se produjo el Plebiscito de 1988, donde triunfó el “NO” con un lápiz y un papel, que significaba que el pueblo repudiaba la dictadura cívico-militar, Pinochet, muy a su pesar, entregó el poder presidencial a Patricio Aylwin (demócrata cristiano), en un proceso que la historia catalogó como “un pacto entre cuatro paredes”.
Mediante ese pacto de amarres políticos, Pinochet aseguró su cargo de Comandante en Jefe del Ejército y la incorporación de figuras vitalicias —de su gobierno de facto— en el Congreso Nacional.
Con tales amarres, pactados entre cuatro paredes, se inició el “gobierno democrático tutelado” de Patricio Aylwin Azócar (1990 – 1994); luego gobernaron Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994 – 2000); Ricardo Lagos Escobar (2000 – 2006); Michelle Bachelet Jeria (2006 – 2010); Sebastián Piñera Echenique (2010 – 2014); Michelle Bachelet Jeria (2014 – 2018); y actualmente, Sebastián Piñera Echenique (2018 – ).
Fue una larga y lenta transición política en cuyo período —de 30 años—, se fueron anquilosando resabios del ciclo dictatorial, entre ellos el tema más delicado, la Constitución de facto instaurada durante la dictadura, promulgada el 21 de octubre de 1980.
No obstante, la actual Constitución chilena, por ser instituida en un gobierno de facto, es ILEGAL. Los gobiernos de la transición democrática —especialmente el de Ricardo Lagos—, introdujeron ciertas enmiendas a algunos de sus articulados, sin alterar su esencia ultra conservadora y neoliberal, inspirada en los paradigmas financieros de los llamados Chicago Boys.
Así, los jóvenes estudiantes que hace unos días osaron irrumpir sin pagar en los torniquetes del Metro de Santiago, protestando por el alza de tres pesos, lo hicieron a la vez como una protesta formal por 30 años de desigualdades, de privilegios de una élite política, social y económica que ha usufructuado hasta el hartazgo de un disímil escenario heredado de la dictadura cívico-militar.
PROLONGADO LETARGO SOCIAL
El clamor de la ciudadanía así lo exige, pues los chilenos despertaron de un prolongado letargo social tras 30 años de transición, en un país tan desigual donde el 1% de la élite social adinerada se queda con el 26,5 por ciento de la riqueza total de la nación.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló que el año 2017, “el 50% de los hogares chilenos de menores ingresos accedió al 2,1% de la riqueza neta del país, mientras que el 10% concentró un 66,5% del total y el 1% más adinerado se quedó con el 26,5% de la riqueza”.
Respecto de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), Chile demostró el 2015 ser el país con la distribución de ingresos más desigual de los miembros de la OCDE, de acuerdo con indicadores específicos.
Y, sin duda, la desigualdad económica conlleva una posterior desigualdad educacional, social, de oportunidades financieras y, además, culturales. Y todo ello se refleja en términos de inequidad salarial, accesos a la salud y a medicamentos, además del persistente lucro de los servicios básicos, sistemas financieros y previsionales, por lo cual el 85% de los chilenos viven eternamente endeudados. Y, por ende, con una paupérrima calidad de vida.
En suma, en las dos últimas semanas, la ciudadanía chilena —estimulada por los segmentos estudiantiles—, expresó su cansancio y ha dicho “¡basta!”
Ni la brutal represión de militares y carabineros los ha atemorizado, represión que ya contabiliza una veintena de muertes y numerosos heridos, además de detenidos-desaparecidos. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha enviado una Comisión Especial para investigar las violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo a mujeres y niños y la pérdida de la visión de 140 jóvenes víctimas de disparos directo a los ojos por patrullas militares y carabineros.
Chile despertó a tanta injusticia y desigualdad. Y los ciudadanos de este país han dicho “¡basta!”.
PUBLICADO:
•31 de Octubre de 2019
(FOTOS: Internet)
