“No es fácil vivir aquí amigo, es invierno y nos cagamos de frío, hacemos las necesidades en un tarro, los niños se enferman… Por qué nos tratan así, si también somos chilenos”, dice Alfonso Flores, uno de los pobladores…
Por César Alonso SAAVEDRA 
PUERTO MONTT (Chile), 15 de Julio — 2021.- Son cerca de 60 familias las que hace dos años viven en la toma de terrenos ubicados en la antigua vía férrea de Puerto Montt, sector Pelluco.
Los pobladores llegaron al lugar cuando apenas comenzaba el estallido social y reconstruyeron casas abandonadas en terrenos fiscales; no disponen de agua potable, el tendido eléctrico es irregular y el riesgo de derrumbe es inminente.
“Carabineros nos vino prácticamente a censar cuando llegamos, nos dijeron que estaban aquí porque venían en representación de la gobernación para poder entregar una caja de ayuda, por la pandemia. Después nos notificaron del desalojo y las cajas nunca llegaron”, cuenta la dirigenta de la toma, Sandra Mancilla.
La representante de los vecinos agrega: “Nosotros fuimos a hablar con la gobernadora para explicarle la situación. Nosotros no habíamos realizado las obras, ya que estamos conscientes de que estos terrenos son peligrosos. No hemos echado mano más que parar unas mediaguas, mientras juntamos dinero para nuestra casa propia”.
Hasta hoy ninguna de las autoridades locales se ha acercado a conversar para poder lograr una solución. Según puntualiza Mancilla, cuando los pobladores se acercaron a la Gobernación, fueron desalojados del edificio en forma violenta. Gracias a la ayuda de un abogado, que no quiso ser nombrado, “La Esperanza” pudo presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para frenar el desalojo.
La Gobernadora de la Provincia de Llanquihue, Leticia Oyarce, justificó la intención de desalojar la toma bajo el argumento que es una zona de riesgo por los constantes movimientos de terreno.
“Es una decisión difícil, pero como autoridad provincial debo velar por la seguridad de las personas que viven en la provincia. En ese sector siempre ha habido desprendimiento de terreno”, explicó la gobernadora.
La situación de las personas es agobiante, especialmente para los niños y mujeres embarazadas. “No tenemos otro lugar donde ir. Si nos vamos a la playa, como lo habíamos pensado, nos pueden llevar presos por el toque de queda”, comentó Sandra Mancilla.
“No es fácil vivir aquí, amigo; es invierno y nos cagamos de frío, tenemos que hacer nuestras necesidades en un tarro, los niños se enferman… Por qué nos tratan así, si también somos chilenos”, dice Alfonso Flores, uno de los pobladores.
El último catastro realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, indica que en nuestro país hay 802 campamentos ilegales, los que equivalen a más de 47 mil hogares.
