El 29 de enero (2020), siete carabineros atacaron a Matías Soto, de 18 años, en el sector de Puente Alto, populoso barrio al sureste de Santiago. La víctima, estudiante de ingeniería mecánica, sufrió fracturas y cuantiosas contusiones quedando en estado crítico…
Por Francisco LEAL DÍAZ
SANTIAGO (Chile), 05 de Febrero — 2020.- En las últimas semanas se han registrado en Chile inconcebibles casos de represión grupal, contra jóvenes, por parte de efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros.
Estas increíbles agresiones grupales comenzaron a tener visibilidad a fines del año pasado (2019), cuando 12 carabineros agredieron brutalmente a un joven, en las inmediaciones de la Plaza Ñuñoa (escenario de manifestaciones pacíficas), en momentos en que éste caminaba hacia su hogar. Cinco efectivos quedaron, aquella vez, en prisión preventiva, por orden del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. La brutal golpiza había sido grabada por cámaras de un edificio contiguo. La víctima, Moisés Órdenes, perdió la visión de un ojo tras la agresión de los uniformados.
El último de estos dramáticos hechos —con semejantes características—, se produjo el 29 de enero (2020), cuando siete carabineros atacaron a Matías Soto, de 18 años, en el sector de Puente Alto, populoso barrio al sureste de Santiago. La víctima, estudiante de ingeniería mecánica, sufrió fracturas y cuantiosas contusiones quedando en estado crítico.
Así, las torturas grupales por parte de carabineros —encargados irónicamente de velar por la ciudadanía—, han arreciado y mantienen atemorizada a la población. Los autores de esta vil acción fueron suspendidos de sus funciones policiales. En este caso, igualmente una cámara aledaña registró la golpiza. La duda es cuántos casos de agresiones semejantes han quedado en absoluta impunidad, al no existir cámaras que registre tales fechorías.
Estas cobardes golpizas han ocurrido cuando muchos políticos presumían que en Chile este mes de febrero (2020) sería “un remanso”. Se equivocaron medio a medio.
Los estadios deportivos, tras la reanudación del torneo futbolístico, han sido escenario de confusos incidentes, sucesos que se han reiterado en las aulas ante la persistencia de las autoridades de concluir con los exámenes de la criticada PSU (Prueba de Selección Universitaria), proceso académico catalogado por alumnos progresistas como arcaico y “segregacionista”.
DEBATES EN EL SENADO
A lo anterior, hay que mencionar los acalorados debates en el Senado de la República debido a la Acusación Constitucional contra el intendente de Santiago, Felipe Guevara, acusado por haber instituido la agresiva estrategia de “copamiento”, por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, estrategia destinada a impedir la libre expresión de los ciudadanos en sectores puntuales de la ciudad. Esta antidemocrática acción de carabineros originó una brutal e innecesaria represión, que culminó en el feroz atropello de un joven manifestante, quien se debate entre la vida y la muerte.
Parlamentarios opositores han denunciado, además, otra brutal estrategia de carabineros. Detienen a algún manifestante, previamente identificado por ellos, y lo trasladan clandestinamente a un sitio eriazo, un sector despoblado, para apalearlo, romperle las costillas y dejarlo como un guiñapo humano.
“Es muy grave lo que está ocurriendo en Chile y no sabemos cómo va a terminar todo esto —protestó el senador Carlos Montes—. Debemos repensar y recrear el país, confiando de que en Chile hay gente sensata para construir un mejor futuro”.
AUTOGOL DE LA OPOSICIÓN
No obstante, las corrientes políticas opositoras tuvieron un serio traspié en el Senado, al no lograr reunir los votos necesarios para suspender por cinco años de toda actividad pública al cuestionado intendente, Felipe Guevara. La oposición se metió, literalmente, un autogol, pues el intendente Guevara ha sido el ideólogo de diversas estrategias represivas contra los manifestantes, pese a que el político de la ultraderecha ha negado tales iniciativas, dejándole el paquete represivo a las Fuerzas Especiales.
En la acusación contra el intendente Guevara, se enfatizó el derecho a reunión y el derecho a protestar pacíficamente. Pero la estrategia de “copamiento” ha impedido todo acto de protesta social pacífica.
Cínicamente, los sectores de la derecha oficialista insistieron en el Senado que las muertes y cientos de heridos producidos al calor de la refriega entre manifestantes y carabineros, se originaron en los actos vandálicos producidos en diversos puntos de la ciudad.
“El Senado tiene que poner límites a las protestas sociales, a las barricadas ilegítimas, al cobro de peaje en la vías públicas”, argumentó iracundo el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea (RN, derecha). En tanto, su colega de partido, el senador Juan Castro (RN), esgrimió que “los incidentes más serios de violencia han ocurrido durante el periodo en que el intendente se encontraba suspendido”.
A su turno, la senadora Yasna Provoste, (PDC, Partido Demócrata Cristiano, centro), aseguró que los abogados defensores del intendente “niegan los argumentos de los motivos de la acusación constitucional”. Irónicamente preguntó si la ocupación de la Plaza Italia, por efectivos policiales, “¿habría sido para garantizar la libertad de expresión?” “La autoridad prohíbe la protesta, para permitir la protesta”, dijo. Y luego arremetió: “El gobierno ha limitado las libertades públicas de las personas. Las descarnadas estadísticas de organismos internacionales, han revelado el daño moral y físico ocasionado por las fuerzas represivas. Nos envuelve un ambiente de barbarie por las torturas padecidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre la barbarie que está ocurriendo en Chile. Ahí están los rostros de las víctimas… Se ha impedido el ejercicio a reunirse, como corresponde a un país que vive en democracia. Debemos incorporar una verdadera cultura de los Derechos Humanos, finalizó.
La senadora Adriana Muñoz (PPD, Partido por la Democracia, izquierda), expresó sus fundamentos en el debate: “Nadie duda que a partir del 18 de octubre Chile vive una profunda crisis social. Chile despertó y debemos hacernos cargo de esta realidad y reconocerla. La rabia se ha ido acumulando y se sigue expresando. Y ha dado paso a esos violentos sucesos, que no avalamos, ni a la violencia, ni a la delincuencia. Pero no hay derecho a que en ese intento se vulneren los Derechos Humanos. Ante los casos de violencia innecesaria, no podemos permanecer impávidos. Muchos efectivos de carabineros no se limitan a restablecer el orden. Detienen a personas y las golpean, lo que no podemos permitir. El gobierno no ha controlado el orden público, ni ha controlado la violencia. El gobierno de Piñera ha instalado diversos escenarios que no han servido para nada. Primero dijo que estábamos en guerra, con un enemigo poderoso… Luego sacaron a los militares a la calle, con toque de queda… ¿De qué se ha hecho cargo el gobierno de Piñera? Las medidas adoptadas han sido a costo fiscal. Pero no se ha tocado al sector privado. No se han dado respuestas a las profundas transformaciones que requiere el país. El “copamiento” preventivo ha sido una idea poco feliz, muy esafortunada. Comisiones de Derechos Humanos han reiterado las violaciones, los ataques a los jóvenes con pérdidas de visión. Hoy, los jóvenes siguen siendo agredidos. ¿Por qué se siguen atropellando los Derechos Humanos? Detengamos estos abusos, por favor. Hay que recuperar el orden, en el marco del respeto a los Derechos Humanos”.
AL INTENDENTE LO SALVÓ LA CAMPANA
El cuestionado intendente, Felipe Guevara, ex alcalde de Lo Barnechea, asumió su cargo actual el 30 de octubre del 2019. Pasó susto con la Acusación Constitucional, pero lo salvó la campana. La oposición no logró conformar el número de votos para desalojarlo de la Intendencia de Santiago. Guevara ha ignorado que la presencia masiva de carabineros, mediante la estrategia de “copamiento”, no ha amainado el caos y la violencia, sino al contrario, han provocado más violencia. Se argumentó en su defensa que “el intendente debe imponer el orden público; y las principales herramientas de la democracia deben ser respetadas. Hay que recuperar el orden público y la institucionalidad vigente”.
El senador Felipe Kast (Evopoli, ultra derecha), expresó que “todos queremos un país en paz… Lo que los extremistas han pretendido es que la democracia no funcione, se caiga… Esta acusación es polarizar aun más al país, sabiendo que el intendente es inocente. Dejemos de lado la lógica polarizante… Esta acusación es una pelea de trincheras: que sea una señal de cómo defendemos nuestras instituciones”.
Senador Álvaro Elizalde (presidente del PS, Partido Socialista, izquierda): “La protesta social es un derecho constitucional, amparado por estamentos internacionales. El derecho a la protesta es esencial para una democracia. La protesta es un medio que tiene la sociedad para incidir en el debate público, una forma legítima en el ejercicio de la ciudadanía. Los ciudadanos tienen derecho a ocupar los lugares que le den visibilidad… El derecho a la protesta debe estar garantizado, Expertos en Derechos Humanos hicieron presente la inconstitucionalidad de la medida del señor intendente. Empleó medidas desproporcionadas, poniendo en riesgo la vida de los manifestantes. El señor Guevara tiene responsabilidades y todos deben responder por sus acciones, como el caso de Óscar Pérez, aplastado por dos carros lanza gases”.
Senador Juan Pablo Letelier, (PS, Partido Socialista, izquierda): “¿Cuál es el contexto de esta Acusación Constitucional? Cinco informes de Derechos Humanos han reiterado las violaciones registradas en Chile… Quedémonos con el informe del Ministerio Público. Las víctimas son 5.285, donde Carabineros de Chile ha actuado en forma inconstitucional. Ha sido inaceptable el comportamiento de las fuerzas especiales. No es lo mismo que un ciudadano tire una piedra, a un agente del Estado que agreda, viole, reprima a los ciudadanos, atacados con ácidos químicos usados por los carros lanza-agua… ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno? Recriminar y guardar silencio, indolente ante la violación de Derechos Humanos… El gobierno ha presentado 91 querellas, pero ninguna por violaciones contra los Derechos Humanos… No hay autocriticas del ejecutivo. Ni siquiera por los daños oculares ocasionados a más de 400 jóvenes. ¡Vergonzoso!… La gente tiene rabia, nos están matando. ¿Hasta cuándo? ¡Hagamos algo! Pero el gobierno no escucha; no quiere escuchar. Y tampoco actúa… La renuncia del general Rozas ya la hemos planteado, pues carabineros ha perdido toda legitimidad… El gobierno de Piñera ha sido incapaz de asumir responsabilidades. ¡El gobierno es responsable de las violaciones a los Derechos Humanos en Chile!
Senador Alejandro Navarro (PPP, Partido País Progresista, izquierda): “Presidente Piñera, usted es responsable de haber designado a Guevara como intendente… No he escuchado la palabra Derechos Humanos en ningún discurso de los diputados de la derecha… Piñera ha fracasado y no ha entendido nada en esta revolución social. Están ocultos, sin hacer nada. Los Derechos Humanos se han violado aquí y ahora. Aquí se ha optado por una respuesta policial, y no dignifica a los manifestantes. Hay incapacidad e irresponsabilidad. Quien nombra al intendente, es el Presidente Piñera, y a dedo… Piñera no ha puesto fin al CAE y no tiene una política social para terminar con las desigualdades… ¡Y no más AFP!
Senador Francisco Huenchumilla (PDC, Partido Demócrata Cristiana, centro): “Tenemos un nuevo escenario social en Chile. He escuchado en este debate que este es un juicio político, pero condicionado a que exista una infracción jurídica. El ‘copamiento’ por parte de mil carabineros atentó contra la manifestación pacífica y el derecho a expresarse… Sostengo que estamos en presencia de decisiones políticas. Todo problema de orden público tiene una naturaleza política. El estallido social se produce porque el Estado no da respuestas adecuadas a las demandas de la sociedad. La respuesta no puede ser a través de la represión de carabineros. Aunque carabineros tiene autonomía táctica, la estrategia de ‘copamiento’ depende de las autoridades. El señor intendente dio lineamientos objetivos, marcos generales, lo que resultó en el “copamiento”… Al tratar de poner orden público, sólo se exacerbó la situación. El señor intendente violó el derecho a reunión en su esencia, garantizados en la Constitución”.
INCONSISTENCIA POLÍTICA DE LA OPOSICIÓN
Hemos rescatado algunas reflexiones del debate suscitado en el Senado de Chile para definir la Acusación Constitucional contra el intendente de Santiago, Felipe Guevara.
Finalmente fue rechazada, por falta de quórum de la oposición. A ello, debemos mencionar la abstención de dos senadores del PDC: Carolina Goic y Jorge Pizarro, duramente criticados por su inconsistencia política. A ello, se sumó la inconcebible inasistencia de cuatro senadores del bloque opositor: Ximena Rincón (PDC), José Miguel Insulza (PS), Felipe Harboe (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS).
En definitiva, la oposición se marcó literalmente, un aplaudido autogol, el que no cabe duda que la contingencia social les cobrará muy caro, en corto plazo.
A los irresponsables senadores ausentes —con cuya presencia se hubiese formalizado la Acusación Constitucional—, no les importó, al parecer, el alevoso recrudecimiento de las torturas grupales cometidas por carabineros en contra de jóvenes chilenos que luchan por un Chile nuevo, sin un Estado opresor que emula los siniestros años de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
