A 45 días del estallido social en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportó haber asistido a 8.168 personas detenidas en comisarías (cuartel policial); haber presentado 604 acciones judiciales, cifrando en 2.808 los heridos que recibieron atención médica en diversos hospitales; e informó que el total de víctimas representadas por este organismo, ascendía a 830… Reportó el INDH, además, 241 personas con severos traumas oculares, dos de ellas (Gustavo Gatica y Fabiola Campillay), con pérdida total de la visión… Respecto de casos con resultado de muerte, se mencionó —a la feha— el número de 26 fallecidos, en diversas circunstancias…
Por Francisco LEAL DÍAZ
Como si se tratara de un irónico mensaje espetado al mandatario chileno, Sebastián Piñera, la “Cumbre del Clima” (COP25) —a efectuarse en Madrid del 2 al 13 de diciembre—, tiene como principio básico el lema “Es Tiempo de Actuar”.
Irónico, porque esta reunión cumbre climatológica se iba a realizar en Santiago de Chile, a petición del propio Presidente Piñera, tras declinar Brasil como sede original de esta nueva versión de la COP25 (por sus siglas en inglés).
Recordemos que en diciembre de 2018, al conocerse la abrupta renuncia de Brasil como país sede, Chile y Costa Rica dieron de inmediato un paso al frente, acreditando ambos países que lo hacían motivados por el interés de que esta cumbre quedase en Latinoamérica. Bajo esta postura, y ante los convincentes argumentos exteriorizados por el mandatario chileno, la organización decidió elegir a Chile.
El 14 de diciembre del año pasado (2018), Piñera escribió muy orondo un twitter donde afirmaba: “Hoy Chile recibió un gran reconocimiento: nuestro país será sede del principal cambio climático del mundo COP25”. En un twitt posterior, agregó, igualmente jactancioso: “En COP25 tendremos la responsabilidad de promover con decisión, políticas y avances para controlar el cambio climático y el calentamiento global, anticipándonos a sus negativas consecuencias sobre nuestra calidad de vida y la supervivencia de la humanidad en el Planeta Tierra”.
Por esos días, sin embargo, el Presidente Piñera ni siquiera imaginaba lo que acontecería en Chile, a partir del 18 de octubre de 2019: un impensado estallido social, con diarias manifestaciones callejeras que no han cesado hasta hoy, 1 de diciembre, día en que escribo estas líneas. En 45 días de protestas callejeras, el saldo ha sido dramático.
CHILE: ¿UN OASIS?
Un escenario irónico, además, porque Sebastián Piñera —con antelación al estallido social— se jactaba que Chile era “un oasis” en Latinoamérica, refiriéndose indirectamente a las convulsiones sociales que se advertían en algunas naciones latinoamericanas. Así lo manifestó en Paracas, Perú, cuando Piñera se reunió con su par peruano, Martín Vizcarra, el 10 de octubre de 2019, previo al inicio del Tercer Gabinete Binacional Chile-Perú, donde ambos jefes de Estado analizaron la importancia de la Alianza del Pacífico y Prosur. En esa ocasión, y con relación al cambio climático, el Presidente Piñera y el Presidente Vizcarra coincidieron en la necesidad de proteger la Amazonía, a la cual pertenece un porcentaje importante del territorio peruano. Fue la instancia en que Piñera soltó una jactanciosa frase la cuál hoy, sin duda, no quisiera recordar: “Chile —dijo Piñera—, es un verdadero oasis dentro de una América Latina convulsionada en materia política”. Luego, en declaraciones a la prensa chilena que lo acompañaba en su visita a territorio peruano, soltó otra frase para el bronce, abundando en calificativos hacia naciones vecinas del continente: “Argentina y Paraguay —afirmó— están en recesión; México y Brasil, estancados; Bolivia y Perú, con una crisis política muy grande; Colombia, con un resurgimiento de las FARC y las guerrillas… En medio de esta América Latina convulsionada vemos a Chile, un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, y estamos creando 170 mil empleos al año y los salarios están mejorando».
Ocho días después de tan presuntuosas declaraciones que trascendieron a nivel internacional, el 18 de octubre comenzaría a derrumbarse la cacareada “paz social” de Piñera.
Gratuitamente, además, obedeciendo a su perenne manía de entrometerse en asuntos exteriores —como ha sido su persistente intromisión en Venezuela—, lamentó la “absurda guerra comercial entre Estados Unidos y China”. Y agregó, en esa ocasión, un comentario que nadie le había solicitado: “Estados Unidos y China, las superpotencias que debieran estar liderando la solución de los problemas, están estancadas en una guerra tarifaria absurda. Eso ha producido efectos muy negativos en el mundo entero y en nuestro continente”.
BALANCE DEL ESTALLIDO0 SOCIAL
A 45 días del estallido social en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportó 241 personas con severos traumas oculares, dos de ellas (Gustavo Gatica y Fabiola Campillay) sufrieron pérdida total de la visión, a causa de disparos directos al rostro por parte de Carabineros. Gatica recibió una andanada de perdigones en pleno rostro, disparados a corta distancia con una escopeta antidisturbios, en momentos en que tomaba fotografías; Campillay, en tanto, recibió en su rostro el impacto de una bomba lacrimógena, mientras esperaba locomoción junto a su hermana, en una esquina.
El INDH reportó haber asistido a 8.168 personas detenidas en comisarías (cuartel policial); haber presentado 604 acciones judiciales; cifrar en 2.808 los heridos que recibieron atención médica en diversos hospitales; e informó que el total de víctimas representadas por el INDH, a la fecha, asciende a 830. Respecto de casos con resultado de muerte, se mencionó —a la feha— el número de 26 fallecidos, en diversas circunstancias.
En tanto, Carabineros de Chile reportó al día de hoy (1 de diciembre, 2019), un total de 18.096 detenidos, de los cuales 9.126 han sido por “desórdenes en manifestaciones”, y 4.921 por saqueos y actos vandálicos; además, Carabineros consignó que se han registrado 929 saqueos y actos vandálicos.
Durante este reporte, el vocero de Carabineros especificó que se adoptarán acciones civiles y penales en contra de la cantante chilena Mon Laferte por haber asegurado —en declaraciones a la prensa internacional— que miembros de Carabineros habrían participado en incendios al Metro, versión que igualmente ha trascendido en las redes sociales.
Finalmente, en este informe oficial se consignó que de 27 comisarías fiscalizadas para obtener acceso a los registros de los detenidos, el 70 por ciento proporcionó la información solicitada; en tanto, el otro 30 por ciento, se negó a hacerlo.
Por su parte, la Fiscalía de Chile informó que desde el estallido social —el 18 de octubre—, un total de 30.102 personas han sido llevadas a audiencias de control de detención por diversos delitos, advirtiendo además que el mayor número de imputados se concentran en la Región de Valparaíso, en la Región Metropolitana y en la Región del Biobio.
De acuerdo a estadísticas divulgadas por el Ministerio Público, el total de formalizados ascendió a 20.217 personas, indicando que el 87 por ciento de los imputados pasados a control de detención fueron detenidos en flagrancia, en total, 26.096 personas. Respecto de los formalizados, la Fiscalía pidió y logró 1.957 prisiones preventivas, en tanto que en otros 20.525 casos se dictaminó estricta prohibición de asistir a determinados lugares, de acercarse a la víctima y salir del territorio nacional, entre otras disposiciones dictaminadas por los tribunales de justicia. Así, el total de medidas cautelares, a la fecha, asciende a 22.581, para un total de 20.207 formalizados. Las fiscalías regionales metropolitanas concentran el 33 por ciento de los imputados llevados a audiencias de control de detención, seguidas de Valparaíso y la Región del Biobio.
Lo que no se consignó en las fuentes mencionadas, es que servicios de inteligencia han elaborado fichas de personajes estratégicos, de franca oposición al gobierno, así como de sindicalistas, gremialistas y líderes estudiantiles. Inclusive, ciertas detenciones se han ejecutado en los propios domicilios de algunos dirigentes, tal como ocurría en los “mejores tiempos” de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
CALENTAMIENTO GLOBAL
A la anterior “Cumbre del Clima” de la ONU, COP24, celebrada en Polonia el 2018, asistieron representantes de unos 200 países, cuyas deliberaciones se centraron esencialmente en intentar limitar el calentamiento global, según lo estipulado en el Acuerdo del Clima de París (2015), “considerablemente por debajo de los dos grados centígrados en comparación con la era preindustrial”.
Las tareas inmediatas, a partir de la reunión de Polonia, eran avanzar y planificar para “proteger el clima de manera comparable y transparente”, con la finalidad de crear confianzas; un segundo punto a abordar correspondía a la ayuda financiera de los países más ricos a los más pobres, con el objetivo de financiar políticas climáticas; y un tercer aspecto, se abocaría a “esperar promesas de los países que presentarán objetivos de protección climáticos más ambiciosos en el 2020”.
Así, haciendo uso de una sincronizada logística, las autoridades de Madrid asumieron organizar la COP25 como “una oportunidad única, pues durante 12 días, Madrid será el centro de atención de los medios de comunicación de todo el mundo”.
¿Eso era, tal vez, lo que más habría seducido a Sebastián Piñera al proponer organizar en Chile la COP25? Su entorno político —y la ciudadanía chilena, en general—, han percibido las ansias de Piñera de brillar a nivel internacional. Tal vez tenga una recóndita competencia con su eterna rival en la política nacional, Michelle Bachelet, hoy desempeñándose como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tampoco le ayuda a Piñera el lema de la COP25: “Es Tiempo de Actuar”. El abrupto estallido social tiene aún muy desconcertado a Piñera. En 45 días de efervescentes manifestaciones, parece no asimilar que algunas de ellas congregaron en Santiago a un millón y medio de manifestantes en la icónica Plaza Baquedano, (o Plaza Italia, o Plaza de la Dignidad, como se la ha bautizado recientemente).
Piñera no ha logrado adoptar medidas idóneas tendientes a apaciguar las protestas de “desigualdad social” de la ciudadanía en temas económicos, educativos, previsionales, salariales, de salud, seguridad… ¡y de dignidad!, entre los más importantes.
Irónicamente, el lema de la COP25, “Es Tiempo de Actuar”, lo ha traumatizado por completo.
PUBLICADO:
• 01 de Diciembre – 2019
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